19/01/2011 - Dos tributos gravarán la producción hidroeléctrica y el transporte de energía

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El grupo de trabajo formado por responsables de las consejerías de Hacienda, Economía y Medio Ambiente, así como representantes de los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Mixto de las Cortes regionales acordaron ayer por unanimidad crear dos nuevos impuestos con los que gravar la producción hidroeléctrica que se genere en la Comunidad, así como el traslado de energía por las líneas de alta tensión que recorren Castilla y León. Éste es el enunciado en el que se mostraron ayer totalmente de acuerdo los responsables de los tres grupos parlamentarios tal y como lo dio a conocer la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, al término del encuentro. Esta decisión afecta a las empresas eléctricas que producen energía hidroeléctrica en Castilla y León —las más importantes son Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa—, pero especialmente a Iberdrola, que posee los embalses de mayor producción hidroeléctrica de España. También afectaría a Red Eléctrica Española (REE), responsable del transporte de la energía.

La decisión se tomó en la segunda reunión del grupo de trabajo creado a raíz del recurso de las compañías eléctricas contra el Real Decreto que garantizaba el uso de carbón autóctono en las centrales térmicas. Sin embargo, la propia consejera, primero, y los representantes políticos, después, dejaron claro que aún en la hipótesis de que las eléctricas retirasen su recurso, la decisión de crear estos dos tributos no tiene marcha atrás.

Se trata de dos «impuestos medioambientales» con los que se quiere «corregir los impactos de la producción energética» y gravar los efectos que sobre el medio ambiente tienen tanto la producción eléctrica de los embalses como las líneas de alta tensión. En el primero de los casos se entiende que la regulación de un embalse para producir energía supone una afección sobre el ecosistema del río, mientras que la colocación de los postes eléctricos implica una restricción para la utilización de ese suelo con otros fines.

Los nuevos tributos deberán ser tramitados como proyectos de ley, por lo que, según reconoció Pilar del Olmo, será muy difícil, prácticamente imposible, que se puedan aprobar en el último pleno antes de que se disuelvan los Cortes regionales en marzo. En cualquier caso, matizó que dada la unanimidad política existente, no habrá ningún problema para que se aprueben en la siguiente legislatura y puedan entrar en vigor.

Sin embargo, a pesar de la clara decisión de los grupos políticos de poner en marcha estos gravámenes, quedan aún varias incógnitas de cuya aclaración depende que la iniciativa pueda seguir adelante. La consejera de Hacienda recordó que la aplicación de los dos impuestos tiene como condición que en ningún caso tenga su repercusión sobre la factura eléctrica de los ciudadanos de Castilla y León. «Bajo ningún concepto el impuesto repercuta en el recibo de los ciudadanos», sentenció. Los otros tres requisitos que también se deben cumplir es que sea un impuesto medioambiental, como forma de garantizar que es constitucional; que tenga seguridad jurídica, es decir, que no provoque mucha litigiosidad, y que no afecte a la actividad económica.

Que no afecte a la factura

Comienza ahora un camino «que tiene que ir deprisa para tenerlo concluido lo antes posible», si bien la primera gestión será preguntar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) si cualquiera de los dos impuestos puede tener una repercusión en la factura eléctrica. «Es un requisito insalvable, por lo que si la Comisión estima que puede afectar a la factura eléctrica no hay más que hablar», aseguró Pilar del Olmo. Si se dice que no repercute se seguiría adelante.

También se ha encomendado a las tres consejerías implicadas que trabajen en los anteproyectos de ley para presentarlos lo antes posible, si bien el grupo de trabajo no volverá a reunirse hasta que se pronuncie la CNE. Además, se convocará a los directores generales de tributos de las comunidades autónomas en los que ya existe este tipo de impuestos, (como Galicia, Asturias o Extremadura) para conocer la forma en la que los están gestionando. Del Olmo quiso dejar claro que no se pueden trasladar los impuestos de estas regiones a Castilla y León «porque nuestras circunstancias son distintas, como es la capacidad y producción de los embalses gallegos, muy diferente a las de los castellano y leoneses».

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