El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha iniciado una macroinvestigación para comprobar si las grandes ciudades españolas están maquillando sus índices de contaminación, según informaron ayer fuentes del Ministerio Fiscal a Público. Al menos Barcelona, Sevilla y Valencia, además de Madrid, ya estarían siendo vigiladas. Vercher ya atacó en un oficio el 28 de enero al Ayuntamiento de Madrid por intentar disfrazar la contaminación de la capital cambiando las estaciones de medición de polución desde las carreteras a zonas verdes.
Durante meses, la Fiscalía y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil midieron la contaminación del aire del municipio madrileño para contrastar los datos de Ruiz-Gallardón, que presumió de una mejora de los niveles de contaminación tras el cambio de estaciones. "Ni siquiera la reubicación de algunas estaciones de medición ha servido para maquillar un resultado que a todas luces cabe calificar de grave", espetaba el fiscal al Área de Gobierno de Medio Ambiente del consistorio, dirigida por Ana Botella, esposa del expresidente conservador José María Aznar.
Vercher quiere saber ahora si este supuesto fraude es generalizado. "Es una investigación conjunta con el Seprona en las principales ciudades", detallan desde la Fiscalía.
Ecologistas en Acción denunció el miércoles que, en la última década, muchas ciudades han optado por "maquillar" la contaminación "reubicando las estaciones". La ONG señala a Valencia, Valladolid, Córdoba, Granada, Oviedo y Madrid. También apunta a Ávila, Burgos, León, Palencia, Ponferrada, Salamanca y Zaragoza. "Los movimientos de estaciones se han hecho de forma subrepticia desde 2001, cuando comenzó Valladolid", explica el portavoz de Ecologistas en Acción, Paco Segura.
"En Castilla y León no queda ni una de las estaciones que registraban contaminación por encima de los límites legales", añade Javier Gutiérrez, representante de la ONG en la comunidad autónoma y profesor en la Universidad de Valladolid. En junio del año pasado, los socialistas valencianos denunciaron que la alcaldesa, Rita Barberá, había quitado una estación de medición de la calle Linares, con mucho tráfico, y se la había llevado al cementerio de la ciudad.
Las artimañas de los alcaldes no han sido suficientes. La Comisión Europea decidió el 24 de noviembre de 2010 llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir las normas de calidad del aire y "no hacer frente con eficacia hasta ahora al exceso de emisiones de PM10". Estas micropartículas, en suspensión en el aire, proceden de las emisiones de la industria, los coches y la calefacción de las casas. Según recordó la comisión, "pueden provocar asma, problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón y muerte prematura".
Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente aseguran que, más de dos meses después de la denuncia europea, todavía no han recibido una notificación oficial.
En teoría, España tenía que haber cumplido esta legislación en 2005, pero podía pedir prórrogas hasta junio de 2011 si demostraba que estaba tomando medidas para atajar la contaminación. El Gobierno pidió una prórroga, pero la Comisión Europea, instada por el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, consideró que las acciones contra la polución no eran en absoluto suficientes y ha llevado a España ante la justicia europea.
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