El 10 de enero de 2017, la Comisión Europea puso en marcha un paquete de medidas, en el marco del plan de trabajo establecido en la “Estrategia para el Mercado Único”, con el objetivo de mejorar el mercado interior de servicios en la Unión Europea. Dicho paquete de medidas incluye cuatro iniciativas legislativas concretas sobre las que el Consejo General de Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI) lleva trabajando intensamente, dadas las implicaciones que tiene para este colectivo profesional.
Una de las iniciativas más controvertidas desde muchos sectores empresariales y profesionales es la propuesta de Directiva y Reglamento dirigida a la creación de una nueva tarjeta europea de servicios (e- card).
La llamada e-card pretende desarrollar un procedimiento electrónico simplificado que permita a los proveedores de servicios para empresas (por ejemplo, los consultores informáticos o los organizadores de ferias comerciales), y de servicios de construcción, cumplir más fácilmente los trámites administrativos necesarios para prestar dichos servicios en otros países.
El COGITI se ha mostrado crítico con esta propuesta de normativa. El proyecto de la e-card no sólo presenta grandes contradicciones con otras normativas europeas vigentes, como por ejemplo la Directiva de cualificaciones profesionales, sino también el hecho de que su concepción no esté acorde con las necesidades de los profesionales cualificados. Esto hay que contraponerlo con el riesgo expresado por organizaciones empresariales, sindicales, profesionales e incluso otras Instituciones Europeas como el Comité Económico y Social, de que la tarjeta electrónica de servicios podría facilitar los falsos trabajos por cuenta propia, el trabajo no declarado, y el incumplimiento de las normas sociales y laborales de los Estados miembros.
En este sentido, el COGITI, como organización profesional implicada, en representación de los ingenieros del ámbito industrial (Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales), presentó el pasado mes de marzo sus alegaciones a este paquete legislativo, y trasladó sus primeras impresiones tanto al Comité Económico y Social Europeo (CESE) como al Parlamento Europeo.
Asimismo, el presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, ha remitido un escrito a la Comisión Europea en la que expone que ha de tenerse en cuenta que, para un profesional cualificado, como puede ser un ingeniero, el elemento más crítico cuando desea prestar sus servicios en otro Estado miembro es el reconocimiento de su título y sus cualificaciones profesionales de una forma ágil. Esto le permite acceder de manera dinámica y fiable al mercado laboral y de servicios en el país de destino.
Para Galdón, la e-card debería destinarse únicamente a empresas y no a trabajadores por cuenta propia cualificados. Los beneficios de esta nueva tarjeta para profesionales pueden ser cubiertos ya por la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales 2005/36/CE y por la Directiva 2013/55/UE, así como por otras normativas europeas, como la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, la cual constituye una herramienta para reducir trabas injustificadas al acceso y ejercicio de una actividad de servicios en la Unión Europea.
Una alternativa para los ingenieros en Europa, la Tarjeta Profesional Europea (TPE)
La mencionada Directiva 2013/123/UE, que modernizó la Directiva 2005/36/CE introdujo la Tarjeta Profesional Europea (TPE), y aunque a día de hoy se encuentra en fase de prueba y sólo es operativa para cinco profesiones (enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, guías de montaña, y agente de la propiedad inmobiliaria), está siendo una buena herramienta para facilitar y agilizar el reconocimiento de cualificaciones profesionales, reducir trabas injustificadas o desproporcionadas, y facilitar el acceso y ejercicio de una actividad de servicios en cualquier país de la Unión Europea.
El COGITI aboga por desarrollar la TPE, pues se trata de un certificado electrónico que acredita, o bien que el profesional ha cumplido todas las condiciones necesarias para prestar servicios en un Estado miembro de acogida de forma temporal y ocasional, o bien el reconocimiento de cualificaciones profesionales para el establecimiento en un Estado miembro de acogida. La introducción de un nuevo instrumento, es decir la e-card, cuya funcionalidad puede ser absorbida por la TPE, “implica un grave error estratégico que no atiende a las necesidades reales de los profesionales, y creará nuevas barreras administrativas que no harán otra cosa que complicar la movilidad internacional de estos”.
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Gabinete de Comunicación
Consejo General de Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España
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