
Con la aprobación de la norma de protección del biodiésel nacional, impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y aprobada en el mes de abril, menos de una semana después de que el Gobierno de Argentina anunciase su intención de expropiar a Repsol un 51% de YPF, supuestamente se abría un nuevo horizonte para el sector en España.
Desde su aprobación el Gobierno disponía de un plazo de seis meses para publicar la asignación de cuotas a los productores comunitarios, plazo que finalizaba el próximo 22 de octubre.
Industria argumenta que la aplicación de la orden "puede tener una repercusión negativa en los precios de los combustibles de automoción ", por lo cual el Ministerio ha publicado una norma en la que deja sin efecto la convocatoria de asignación de cuotas a la producción del biodiésel nacional, con lo que no podrá aplicarse la orden ministerial aprobada para proteger la producción en la UE de este producto y limitar con ello las importaciones de Argentina e Indonesia.
Protección del biodiesel
La medida anteriormente planteada limitaría las importaciones de biodiésel argentino, apoyando así las operaciones de refino de este biocarburante por parte de las empresas españolas y comunitarias mediante la asignación de cuotas.
Las importaciones de biodiesel de Argentina supusieron el año pasado 750 millones de euros. En total, España compró 719.473 toneladas de este biocombustible a Argentina, casi la mitad de las 1,6 millones de toneladas consumidas.
El sector del biodiésel ya había pedido en reiteradas ocasiones la aprobación de una norma de protección de la producción nacional que permitiera a las plantas españolas de procesamiento volver a la actividad, ya que el actual sistema arancelario argentino hace que el biodiésel importado resulte más barato que la soja, que es la materia prima con el que se produce el biocarburante.
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