19/09/2011 - Industria cifra en 51 millones anuales el ahorro del decreto contra el fraude fotovoltaico

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El Ministerio de Industria calcula que las medidas de persecución de posibles fraudes en el sector fotovoltaico recogidas en el real decreto 1003/2010, también conocido como 'de trazabilidad', permiten al sistema eléctrico el ahorro de 51 millones de euros al año.

El Gobierno incluye esta cifra en la propuesta de orden ministerial de revisión de peajes de la luz, a la que ha tenido acceso Europa Press, y considera este importe suficiente para cubrir un desajuste de 53 millones en la liquidación de 2010 y, con ello, congelar la parte regulada de la tarifa de la luz.

Los peajes, que tienen un peso cercano al 50% en la fórmula de revisión de la Tarifa de Último Recurso (TUR), se mantienen en el cuarto trimestre porque "no se han modificado las previsiones de costes e ingresos del sistema", asegura Industria en la propuesta de orden, remitida a la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El otro componente de la TUR, el del término de energía, será el resultado de la subasta de electricidad entre comercializadoras de último recurso, que se celebrará el 27 de septiembre. La CNE ha abierto un expediente para vigilar movimientos de mercados previos a la puja que puedan afectar a la formación de precios.

En su cálculo de los efectos de las medidas de persecución del fraude fotovoltaico, Industria indica que ya se ha resuelto el 90% de los cerca de 1.900 expedientes sospechosos incoados por la CNE y que en cerca de un mes podrá completarse la investigación.

Un total de 24 megavatios (MW) perceptores de 19 millones de euros al año de primas sufrirán la cancelación de este incentivo al considerarse que no tienen derecho a disfrutar del régimen del real decreto 661/2007, ya que en el momento de expiración de esta norma, en septiembre de 2008, no cumplían los requisitos para acogerse a la misma.

Por otro lado, Industria calcula que los incumplimientos en las inscripciones en el primero y segundo de los registros de preasignación creados en 2009 provocará la cancelación de una potencia de 65 MW cuyo coste para el sistema ronda los 32 millones de euros anuales.

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