
El debate sobre la contaminación atmosférica ha saltado a la actualidad con gran estruendo: la Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación para determinar si las grandes ciudades españolas cumplen la directiva europea de Calidad del Aire; la ministra del ramo ha convocado a los alcaldes para analizar la calidad del aire; y en Madrid se pide a la población que, con fines preventivos, utilicen el transporte público y dejen el coche en casa.
Afloran informes apocalípticos, como el que ayer daba a conocer la Fundación Ecología y Desarrollo, señalando que unas 300.000 personas podrían fallecer en Europa cada año a causa de la contaminación atmosférica. Pero, ¿es realmente la situación tan extrema?
Los responsables políticos no se ponen de acuerdo: hace sólo unos días, la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, acusaba al Ayuntamiento de Madrid de «hacer trampas al solitario», por haber cambiado de lugar las estaciones de medición en la capital, trasladándolas a lugares más limpios, con lo que estaría falseando los datos. Desde el Ayuntamiento madrileño no tardaron en responderle, extrañados porque el interés de su departamento se refiriera sólo a la calidad del aire de Madrid, y vinculando el zarpazo de la ministra a la proximidad electoral.
En cualquier caso, un vistazo a las hemerotecas permite comprender que en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde el tráfico abunda, la contaminación se ha convertido en una constante en determinadas épocas. Circulación, calefacciones y anticiclón se convierten en una combinación explosiva, que ha llevado a la capital en media docena de ocasiones en los últimos veinte años hasta el estado de alerta.
Y eso que los niveles máximos autorizados de contaminantes han variado mucho: si en los años 80 y 90 el «demonio» a abatir era el dióxido de azufre —que alcanzaba y superaba en ocasiones los 800 microgramos por metro cúbico, y ahora está en torno a los 15-20 de media—, en la actualidad los datos más altos son los de dióxido de nitrógeno, procedentes fundamentalmente de los motores diésel.
Precedentes de alerta
Madrid registró medidas alarmantes de contaminación en múltiples ocasiones, casi siempre en invierno. En 1975, el Gobierno encargó al Ayuntamiento, que entonces dirigía el alcalde García Lomas, elaborar un plan de medidas urgentes. La causa principal de la contaminación, apuntaban, eran los vehículos a motor y las calefacciones comunitarias de carbón.
También saltaron las alarmas en 1978 y 1981, coincidiendo con el frío invierno madrileño. Este último año, se tomaron ya «medidas de emergencia por decisión del Gobierno Civil», rezaban los titulares.
En 1989, el Ayuntamiento madrileño impuso el primer bloque de medidas de alerta, entre las que se contaban la prohibición de estacionar en el centro a los no residentes, y restricciones al encendido de las calefacciones. Fórmulas similares aplicó en 1993 el Gobierno local, por las mismas razones: exceso de dióxido de azufre y de partículas en suspensión.
Hasta el momento, en la capital no tienen previsto llegar tan lejos. El alcalde asegura que el aire de Madrid es «el mejor de los últimos diez años». Los datos que aportan a través de su web indican que los agentes contaminantes presentan niveles «buenos» o «aceptables». No obstante, y «con carácter preventivo», desde el lunes las pantallas de información al tráfico de la M-30 aconsejan a los conductores que dejen el coche en casa y utilicen el transporte público.
En Barcelona, donde los datos —que en ese caso aporta la Generalitat— también indican que la situación no es preocupante, han anunciado que preparan un Plan de Energía, Cambio Climático y Calidad Ambiental 2011-2020, en el que se incluirán medidas como aumentar el número de paradas para los taxis y evitar así coches vacíos circulando.
Con las comunidades
La ministra también se ha puesto en marcha: sea polución o cortina de humo, lo cierto es que para hoy mismo ha citado a la Federación Española de Municipios y Provincias —representación de los 8.000 ayuntamientos—, y anuncia para «muy pronto» la celebración de una reunión con los consejeros de Medio Ambiente de las comunidades autónomas.
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