26/06/2012 - Cerca del 80% de los hogares españoles necesitan ser sometidos a procesos de rehabilitación energética

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En España el sector residencial, con 25 millones de viviendas, es el responsable del 19% del gasto energético nacional, ocupando el tercer puesto en demanda energética, después del transporte y la industria.

En torno al 80% de los hogares españoles necesitan ser sometidos a procesos de rehabilitación energética de forma urgente, ya que sus viviendas fueron construidas antes de cualquier norma regulatoria constructiva en cuanto a su consumo de energía.

Necesidad de mejora

Mejorar el uso de la energía en los edificios es clave para cumplir con los objetivos trazados por la Unión Europea para el 2020 (20-20-20) en materia de ahorro energético, incorporación de renovables y reducción de emisiones:

· Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% (30% si se alcanza un acuerdo internacional).

· Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética, además, en cada país el 10% de las necesidades del transporte deberán cubrirse mediante biocombustibles.

· Promover las energías renovables hasta el 20%

La tasa de rehabilitación del parque residencial en España llega a solo un 0,13% anual, de acuerdo a estadísticas del World Wildlife Fund (WWF). La rehabilitación energética de una vivienda tiene como objetivo mejorar el ahorro y la eficiencia en el uso doméstico de la energía que incluye desde transformaciones en la corriente térmica hasta la implementación de energías renovables.

Según WWF España, la tasa anual de viviendas rehabilitadas debe ser de al menos un 1,5% para "rehabilitar un 50% de las viviendas en el 2050", lo que supondría ahorros en el consumo de hasta un 83%.

Para poder poner en marcha un verdadero plan de mejora a nivel nacional es necesaria la creación de una normativa específica, ya que el actual CTE (El código técnico de la edificación) es para nuevas construcciones, y la única legislación existente que incentiva las mejoras energéticas en edificios dependen directamente de las Comunidades Autónomas.

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