03/04/2011 - España frena los vertidos en el mar

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Aunque España es una recién llegada a la política ambiental comunitaria, hay un clima de euforia contenida en los estamentos judiciales y administrativos que combaten la contaminación marina en nuestras costas. "Estamos quebrando la impunidad con que muchos barcos vaciaban sus depósitos y sentinas al llegar a nuestras aguas. Nos hemos sacudido definitivamente esa mezcla de impotencia y fatalismo que impregnaba hasta ahora nuestra lucha contra la contaminación del mar", dice el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher. La vieja cantinela que solía encabezar el parte de novedades en la Marina Mercante -"Como siempre, han vuelto a darnos un sentinazo nada más salir de las aguas francesas"- ha sido sustituida por otra que habla de detecciones, identificaciones y sanciones.

"La práctica del sentinazo está tan extendida que nuestra gente pensaba que no se podía impedir, que no había nada que hacer. Son vertidos que, individualmente, no tienen una gran entidad, sobre todo en el Atlántico, donde el mar es más vivo, pero que, en conjunto, constituyen un gran problema", dice la directora general de la Marina Mercante, Isabel Durántez. Más de 350.000 barcos transitan al año por las grandes rutas marítimas Europa-África, Europa-América que discurren ante nuestro litoral. El 80% de la contaminación marina por hidrocarburos no derivada de los accidentes procede de esta práctica.

Aunque aún es pronto para evaluar la eficacia de los nuevos dispositivos de control, el número de vertidos que el satélite de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) detecta últimamente en nuestras aguas ha caído en un 30%. Buena parte de las navieras, patronos y capitanes de los barcos saben ya que las aguas españolas están dejando de ser el área europea exenta de vigilancia que les permitía vaciar sus depósitos con total impunidad.

Los expedientes sancionadores por infracciones de contaminación marítima se han multiplicado en los últimos años -de los cinco resueltos en 2000 se pasó a 33 ocho años más tarde-. La Fiscalía, la Dirección General de la Marina Mercante y las Capitanías Marítimas cuentan ahora con dos herramientas poderosas.

La primera es la reciente reforma del Código Penal que permite aplicar la vía penal a las conductas que pongan en "grave peligro la vida, integridad o salud de las personas o la calidad el aire, del suelo, aguas, animales o plantas". Esa reforma entró en vigor el 22 de diciembre y contempla penas de hasta cinco años de cárcel, ampliables dos años y medio más en los casos más graves.

El Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2010-2018 se ha marcado como objetivo hacer cumplir de forma "suficientemente severa" la normativa para garantizar que los responsables de las descargas de sustancias contaminantes estén sujetos a las sanciones adecuadas. Vercher considera que la aplicación de la ley implica la creación de un marco de coordinación entre la Fiscalía y los cuerpos policiales. La segunda herramienta son los tres aviones que se han sumado a la flota aérea de salvamento marítimo incrementando así la capacidad de vigilancia, detección de vertidos y obtención de pruebas.

"Lo nuestro es, antes que nada, una tarea disuasoria. A menudo, patrullamos de noche porque sabemos que muchos de los infractores aprovechan esas horas", señala el comandante Fernando Serrano, uno de los pilotos más veteranos en el servicio. Serrano pilota uno de los tres Casa 235 de construcción nacional equipados con la tecnología más avanzada: sensores, láser, cámaras de infrarrojo y de ultravioleta, que les permite incluso descubrir los vertidos nocturnos. Cada uno de estos aparatos ha costado 30 millones de euros. El mantenimiento del patrullaje aéreo del litoral cuesta anualmente unos 50 millones.

"El Casa 235 es el avión ideal para nuestro trabajo", asegura Serrano. "Tiene nueve horas de autonomía de vuelo, sensores que detectan los cambios de temperatura, la densidad y composición del agua y sistemas que nos permiten escanear y analizar los líquidos de la zona del vertido para exponerlos como prueba judicial de la infracción". Durante las cuatro horas de patrullaje nocturno que acaba de realizar, Serrano calcula que su avión habrá inspeccionado unos 40.000 kilómetros cuadrados. En dos años, España ha pasado de estar casi ausente en la vigilancia aérea de sus aguas territoriales -contaba con dos aviones convencionales-, a hacerlo con los equipos más modernos y eficaces. Ha pasado de estar en la lista negra de países menos involucrados en el combate contra la contaminación marina a figurar entre los socios ejemplares.

La catástrofe del 'Prestige' impulsó la vigilancia aérea y penas más duras.

"El cambio se produjo tras el desastre del Prestige, que dejó al descubierto nuestras carencias. La Administración se puso entonces las pilas: había que contar con un presupuesto, adquirir los aparatos, aprender los sistemas, familiarizarse con ellos, ganar experiencia...", comenta el comandante. A partir de las trazas que los vertidos dejan en el mar y del análisis de su composición, las patrullas son ahora capaces de reproducir la ruta del barco infractor e identificarlo. "Con el radar controlamos los que operan en nuestra área de trabajo porque nos permite disponer de los datos: características, procedencia, destino y carga, que cada uno de ellos emite por señal radio a través de su transpondedor AIS".

Según Fernando Serrano, la mayoría de las manchas que detecta el satélite, a menudo, confundidas con concentraciones de alga roja, son sentinazos que polucionan áreas de entre 10 y 20 kilómetros. "Practican el sentinazo más por una cuestión de tiempo y de comodidad que de dinero", dice Joaquín Maceiras, jefe de la Central de Coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra. Según sus cálculos, la descarga en puerto de las "aguas oleosas" de un barco mediano viene a costar unos 1.100 o 1.200 euros, a razón de 100 euros por metro cúbico.

El fiscal coordinador de Medio Ambiente fía parte del éxito de la nueva política de vigilancia a la cooperación con el resto de los fiscales europeos. "Podemos decir que España ha asumido, por fin, de forma efectiva la vigilancia y control de sus aguas. Pronto contaremos con un atestado sobre vertidos marinos común a los países del Mediterráneo europeo y una definición precisa de lo que es falta y delito grave".

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