24/08/2017 - Ingenieros gallegos denuncian bajas temerarias en contratos públicos

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Ageinco (Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos) denuncia que el Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil vulnera la normativa en la adjudicación de tres contratos públicos en Pontevedra y A Coruña en los que únicamente se valoran criterios económicos y no técnicos.

La asociación Ageinco indica que “el 99% de las obras licitadas por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil se basa única y exclusivamente en criterios económicos”, siendo así la única confederación de España que utiliza esta práctica de la subasta sin valorar las condiciones técnicas de los proyectos, lo que supone “un perjuicio para la estructura empresarial gallega". Por ello, exigen la anulación de los pliegos de condiciones de los concursos y la redacción de unos nuevos porque, dicen, “suponen un agravio comparativo respecto a otras confederaciones” por lo que han denunciado estos hechos ante la Dirección General del Agua.

Licitaciones bajo sospecha

Esta denuncia pone el foco en la baja temeraria de varias licitaciones, contrataciones de servicios por debajo de su precio real objetivo, así como en la formulación incompleta e injustificada de los pliegos de condiciones. Estas supuestas irregularidades, según Ageinco, se habrían cometido en la adjudicación de dos proyectos de asistencia técnica, uno de ellos a la dirección de obras del colector del río Veiga, en Guitiriz, con un presupuesto de 84.110 euros, y el otro en relación a la restauración hidrológico-forestal y mejora de la colectividad en varios cauces de la cuenca Miño-Sil en la provincia de Pontevedra, con un coste de licitación de 52.473 euros.

El tercero de los concursos bajo sospecha se refiere al plan de vigilancia ambiental y trabajos de coordinación de seguridad y salud en relación a la ejecución de las obras del proyecto actuación medioambiental en la ría de O Pedrido, concretamente en la playa de Sada (A Coruña), que en su primera fase tiene un presupuesto de 291.107 euros.

Los ingenieros advirtieron que el precio ofertado no era adecuado al mercado, al no cubrir la totalidad de los costes ni aportar un margen industrial mínimo. En este sentido, según indica Marta Gallego, secretaria de Ageinco, en multitud de ocasiones las empresas no pueden desarrollar sus trabajos en las condiciones técnicas acordadas. “La Administración debe predicar con el ejemplo y no ser la primera en incumplir la normativa vigente".

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