
En opinión de la CNE, el Gobierno no debería bajar los peajes de acceso que forman parte de la factura de la luz para compensar la subida del coste de la energía que resultó de la subasta Cesur del martes. Dichos peajes financian el déficit de tarifa, que en mayo superaba ya los 22.850 millones de euros.
El Gobierno lo tiene todo dispuesto para congelar la factura de la luz a los consumidores domésticos con tarifa de último recurso (TUR) a partir de mañana. Para ello, como ha hecho en ocasiones anteriores, se verá obligado a bajar la parte regulada de la tarifa (los peajes de acceso) y compensar así el resultado de la subasta Cesur celebrada el martes, que determina el precio de la energía en dicha factura y cerró con una subida aplicable del 1,3%. Industria no podrá cumplir así con la congelación de los peajes incluida en la propuesta de orden ministerial que remitió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a mediados de este mes.
En su dictamen sobre dicha orden, al que ha tenido acceso CincoDías, el consejo de la CNE alerta de los riesgos de un nuevo cambio de cromos. El regulador considera que las revisiones de los peajes deberían utilizarse para corregir el déficit estructural del sistema eléctrico y "lograr cuanto antes su suficiencia".
"En ningún caso -añade- se debe utilizar para compensar un posible aumento del coste de la energía de la TUR" (como se hizo hace un año, recuerda la Comisión), dado "el alto endeudamiento del sistema". Además, en esta ocasión "hay elementos de incertidumbre", como la evolución de la demanda y algunas partidas de costes, que desaconsejan una bajada. Esta provocaría "una merma de los ingresos del sistema y pondría en riesgo el cumplimiento del límite de déficit legal permitido".
El hecho de que se hayan reconocido nuevos déficit que pueden ser titulizados con el aval del Estado "ha servido para retrasar el ajuste necesario entre los ingresos y los costes". Según los datos del regulador energético, a 20 de mayo, el déficit acumulado ascendía a 20.350 millones, que, sumados al desajuste de 2010 (un máximo de 2.500 millones), pendiente de reconocer en el real decreto de titulización, arrojaban una deuda del sistema de más de 22.850 millones. Esta cantidad supone el 175% de los ingresos previstos para este año.
La CNE recuerda que en julio del año pasado el ministerio propuso una subida de los peajes de hasta el 10%, que después, para compensar el resultado de la Cesur, decidió rebajar. Si esto no hubiera ocurrido, el déficit habría sido inferior al que resultó en el año, 5.554 millones, cifra que supera en más de la mitad el permitido inicialmente por la ley.
En todo caso, una bajada de los peajes beneficiará a los clientes que están en el mercado libre, que verán reducirse su factura.
Respecto a la tarifa supervalle para la recarga de los coches eléctricos que el ministerio incluye en su propuesta, la CNE pide que se haga "con una metodología objetiva, transparente y no discriminatoria". En cuanto a la disposición sobre el precio de alquiler de los contadores electrónicos y con telegestión, recomienda que su coste no sea inferior a 1,64 euros al mes.
Reclama una quita a las eléctricas
La titulización de la deuda eléctrica con el aval del Estado que se ha comenzado a realizar este año (7.000 millones en cuatro emisiones) supone "elevados costes financieros, de gestión y colocación que pagan íntegramente los consumidores en los peajes de acceso", que tendrán un aumento adicional en las anualidades a pagar de 127 millones. Así lo señala la CNE en su dictamen sobre la orden de tarifas de julio, en el que vuelve a solicitar, como en anteriores informes, "un ajuste o quita en el precio de cesión que reciben las empresas", para equilibrar el esfuerzo de las partes y "mitigar el fuerte impacto financiero que conlleva el proceso de titulización". Esta condonación se justifica en el hecho de que la titulización permite a las cinco grandes eléctricas ceder los derechos a un fondo (FADE) y cobrar de una vez el importe que han financiado y, que de lo contrario, recibirían de forma aplazada. Solo el interés que pagan los consumidores por dichas emisiones es de un 5,6% de media, casi 30.900 millones hasta su liquidación en 15 años.
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