
El regulador energético va a investigar el comportamiento de los mercados financieros OTC cuyos precios son la referencia para la tarifa. La Ley de Economía Sostenible le permite obtener ya una información hasta ahora vedada.Como ha venido ocurriendo en los días previos a la celebración de las subastas Cesur, mecanismo de contratación a plazo que sirve para fijar cada trimestre la tarifa de último recurso (TUR), los precios en los mercados financieros OTC han comenzado a subir. Teniendo en cuenta que estos precios influyen a su vez en el mercado mayorista de la electricidad (pool) donde se contrata el 20% de la energía y que todo ello influye en el resultado, se vuelven a dar las circunstancias para otra subida de la tarifa en la Cesur del último trimestre que se celebra el día 27.
De repetirse la historia, los precios del mercado bajarán después, con lo que las comercializadoras comprarán más barata la energía que suministrarán realmente a los clientes, que, sin embrago, pagarán la tarifa que salga de la puja. A la Cesur acuden no sólo las comercializadoras de electricidad, sino también un buen número de entidades que apuestan con una cobertura de riesgo: si la diferencia entre el precio de la subasta y el que se pague después en el mercado resulta mayor (lo que ha ocurrido hasta ahora) se quedan con el margen.
Sin embargo, para la convocatoria de este mes hay importantes novedades. El consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) celebrado el jueves pasado acordó abrir un expediente informativo para investigar el funcionamiento de este tipo de mercados financieros, cuya información y acceso le estaban vedados hasta ahora. La situación cambió con la Ley de Economía Sostenible por la que se reformó la Ley del Mercado de Valores. Así, desde su entrada en vigor, la CNMV, que sí tiene acceso a unos mercados hasta ahora opacos para el regulador energético, está obligada a compartir su información con la CNE.
La sospecha ha planeado sobre estos mercados desde la entrada en funcionamiento del sistema de suministro de último recurso, el 9 de julio de 2009. Se da la circunstancia de que desde entonces las subidas de la luz han resultado imparable: en unos trimestres el Gobierno las ha aplicado y, en otros, las ha diferido, haciendo bajar las llamadas tarifas de acceso o peajes (que supone la mitad de la factura, la otra es el coste de la energía determinado en la Cesur) para evitar subidas. Sin embargo, la deuda no desaparece, y al proceder de esta manera, el Ejecutivo ha incrementado el déficit de tarifa, que se financia con los peajes, así como las primas a las energías renovables.
Tanto el regulador del mercado de valores como la CNE venían reclamando desde hacía mucho tiempo el acceso a los datos de los mercados OTC, en línea con otros países, como Portugal, cuyo mercado está integrado con el español a través del Mibel.
El 73% de las firmas que pujan no son comercializadoras
En la última subasta Cesur celebrada el 28 de junio, el operador del mercado, ya denominado Omie, precalificó a 51 firmas interesadas en participar, aunque sólo fueron admitidas 26. En dicha subasta se contrataron a plazo 3.600 MW para el suministro eléctrico a tarifa del terecer trimestre a un precio base de 53,2 euros/MWh. El precio medio del pool en junio y julio fue de poco más de 50 euros/MWh y, ya en agosto, de 53,53 euros. En lo que va de septiembre se ha apreciado una escalada, con una punta hasta el momento de 62,71 euros/MWh el día 16.
Curiosamente, de las entidades que se presentaron a la última subasta, sólo el 27% eran grupos con comercializadoras de último recurso (las únicas que después suministran a tarifa); el 65% eran firmas con sede en España y sólo el 35% pertenecían a grupos con filiales de generación en el mercado español. A las pujas suelen acudir, junto con empresas del sector, numerosos bancos y sociedades de trading.
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