La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) calcula que el sector fotovoltaico asumirá el 44% del impacto de la suspensión a la instalación de nueva potencia renovable retribuida, si bien ha decidido no recurrir el real decreto ley que recoge la medida, el 1/2012.
En un comunicado, la junta directiva de UNEF recuerda además que la medida supone un nuevo agravio para la fotovoltaica, que ya tuvo que afrontar "en solitario" durante la etapa de Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria un recorte de primas retroactivo.
La junta de UNEF, que integra a las asociaciones AEF, ASIF, Anper y APPA Fotovoltaica, coincide en que la moratoria "discrimina" de nuevo al sector fotovoltaico y provoca la pérdida de los costes hundidos en los que habían incurrido los proyectos con solicitudes para entrar en las dos primeras convocatorias de 2012.
La federación ya tuvo ocasión de "alertar" al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, de esta "discriminación" durante el encuentro celebrado hace ocho días. En aquel momento, la junta pidió al ministro que resolviera de forma excepcional la primera y segunda convocatorias de instalaciones fotovoltaicas de 2012 para evitar una "reducción abrupta" de la actividad fotovoltaica.
Los proyectos fotovoltaicos admitidos en 2011 para ser inscritos en 2012, que suman una potencia de 278 MW, han quedado en "tierra de nadie" y corren el riesgo de que las inversiones realizadas se conviertan ahora en costes hundidos, advierte UNEF, antes de cifrar en 35 millones el impacto de esta pérdida.
Menores ingresos
Por otro lado, UNEF ha realizado una primera estimación del impacto socioeconómico de la moratoria fotovoltaica y concluye que, de los 160 millones de euros de ahorro calculados por Soria, 70 millones corresponden a la fotovoltaica.
Además, UNEF estima que los proyectos solares fotovoltaicos que no podrán salir adelante por la moratoria ministerial supondrán renunciar a una cifra de negocio de 1.441 millones sólo en 2013, a lo que habría que añadir 5.586 millones de euros más entre 2014 y 2016, si la moratoria siguiese vigente.
El parón supondría la pérdida de unos 4.500 empleos directos este año y el próximo, a los que habría que añadir la desaparición de otros 9.570 empleos inducidos a tiempo completo.
Además, la Administración dejará ingresar sólo en 2013 unos 230 millones de euros en retornos, mientras que las importaciones de combustibles fósiles y de derechos de dióxido de carbono se encarecerán en 35 millones de euros.
En la práctica, todo lo anterior supone que, por cada euro ahorrado en solar fotovoltaica, el Estado dejará de ingresar 3,3 euros y a la vez deberá pagar otros 50 céntimos para importar más combustibles fósiles, concluye UNEF.
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