El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que establece un calendario para la sustitución de las bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable en 2018 y que a partir de 2015 deberán llevar obligatoriamente un mensaje sobre sus efectos en el medio ambiente.
Con este anteproyecto se traspone la Directiva 2008/98/CE para actualizar la legislación para hacerla "más ambiciosa y eficaz" después de 10 años de la primera ley de residuos.
El texto apuesta por el aprovechamiento de los recursos, la disminución de los impactos adversos de su producción y gestión sobre la salud humana y el medio ambiente.
Además, actualiza el régimen jurídico de la producción y la gestión de los residuos; delimita las obligaciones de productores y gestores; y simplifica trámites administrativos, utilizando un registro compartido entre las Administraciones, de modo que se garantice la transparencia y trazabilidad en la gestión.
Así, el anteproyecto contempla que se cree una comisión como instrumento de cooperación y coordinación entre Administraciones públicas en materia de residuos, que respete el mercado interior y busque soluciones eficaces así como la transparencia en la gestión y una mayor accesibilidad de información. Asimismo, se clarifican las competencias de las entidades locales en relación con los residuos generados en los municipios.
Según la legislación de la Unión Europea, antes de 2015 deberá realizarse una recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales), posibilitando la separación de los biorresiduos y el establecimiento de sistemas de depósito, devolución y retorno.
El texto incorpora objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de un 50 por ciento antes de 2020 para distintos materiales que componen los residuos domésticos y similares. En el caso de los residuos de construcción y demolición el porcentaje se eleva al 70 por ciento en reutilización, reciclado y valorización.
El nuevo texto establece que las Administraciones Públicas aprobarán programas y planes de prevención de residuos, así como de gestión, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Igualmente, se crea un marco legislativo común para que los fabricantes y responsables de la puesta en el mercado de los productos que con su uso se convierten en residuos, se involucren en la prevención y gestión de los mismos.
La nueva Ley contribuye a impulsar la innovación asociada a productos y procesos, mercadotecnia y diseño, generando nuevas oportunidades laborales y sociales.
Se mantiene el régimen aplicable a los suelos contaminados de la Ley 10/1998 de residuos, y se matizan, entre otros, aspectos relacionados con la responsabilidad de la contaminación de los suelos.
El nuevo texto refuerza las funciones de vigilancia, inspección y control, en consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones y su sustitución por comunicaciones. También clarifica y completa el régimen sancionador.
El Gobierno destaca que para la elaboración de la propuesta aprobada este viernes se ha celebrado un proceso abierto de participación y consulta con las comunidades autónomas, las entidades locales y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
En ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente reconoce y agradece el esfuerzo realizado por las diferentes administraciones, organizaciones sociales y sectores empresariales para "avanzar en una gestión más eficaz económica y ambientalmente de los residuos y en un uso más eficiente de los recursos y confía en seguir trabajando juntos en esa misma dirección".
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