
Los ingenieros españoles han salido al paso de los planteamientos del Gobierno de cara a la aprobación de la Ley de Servicios Profesionales, que eliminará la colegiación obligatoria para el 80% de las actividades.
El Instituto de la Ingeniería de España, la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros y la Real Academia de la Ingeniería, que agrupan a unos 100.000 profesionales, han remitido una carta a José Luis Rodríguez Zapatero para expresarle su "rechazo y extrema preocupación" sobre el contenido de los documentos previos al anteproyecto de ley.
Los ingenieros sostienen que la propuesta del Gobierno de que cualquier ingeniero podrá trabajar en cualquier rama debido al núcleo común de conocimientos que tienen estos profesionales "comporta riesgos para la ciudadanía". El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (Coiim), Jesús Rodríguez Cortezo, aseguró ayer que se producirá "un caos importante" ya que las universidades españolas imparten actualmente unos 200 másteres relacionados con la ingeniería. En la carta los ingenieros defienden que "toda persona que acredite fehacientemente el conocimiento requerido para un trabajo debe tener acceso libre e indiscriminado a su realización". En el escrito, además, argumentan que la eliminación de barreras profesionales verticales y horizontales entre los ingenieros "degradará" la calidad de los profesionales y supondrá un "deterioro severo" para la ingeniería española.
Rodríguez Cortezo se quejó ayer del "secretismo" del Gobierno, que no ha dado interlocución a los profesionales en la gestión de los documentos previos al anteproyecto. Dijo que en la mayoría de Europa existen barreras dentro de la profesión y que no está capacitado para el mismo trabajo un "ingeniero nuclear o un agrónomo". Añadió que la falta de movilidad entre el colectivo, que el Gobierno pretende estimular, es efecto principalmente de la "pésima formación en idiomas" que se da en España.
Supresión de incompatibilidad entre abogados y procuradores
En el último documento previo al anteproyecto, con fecha 28 de febrero, y que se atribuye al Gobierno, se plantea reducir a profesiones de colegiación obligatoria solamente a 10 de las 89 actuales y de 197 a 100 las actividades con reserva de actividad (solo quien posea un título concreto puede desempeñar una profesión) desde las 197 actuales. En las profesiones de colegiación voluntaria se crearía un registro obligatorio.
El documento plantea también "la supresión de la incompatibilidad de la profesión de procurador con la de abogado" al considerarlo una "limitación desproporcionada" que restringe la competencia e impide la prestación de ambos servicios por la misma persona.
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