
El Colegio (COIIM) y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, a través de los expertos que conforman su Comisión de Energía, ha analizado la situación del mercado eléctrico para proponer una serie de medidas adicionales a las que ha tomado el Gobierno hasta el momento para reducir la espiral de aumento de precios que están viviendo los mercados minorista y mayorista actualmente.
España pertenece al Mercado Eléctrico Único (MEU) de la Unión Europea y está sujeto tanto a sus reglamentaciones como a su funcionamiento, que se atiene al principio marginalista, en el que la última tecnología que entra en la casación horaria fija la retribución de todas ellas. “La infracción de estas normas podría traducirse en la apertura de expedientes sancionadores que pueden derivar en cuantiosas multas y, lo que es aún más perjudicial, en pérdida de confianza de los inversores”, apunta Jaime Segarra, presidente de la Comisión de Energía. Además, indica que estas reglas no son “inamovibles” pero su modificación requiere de un tiempo considerable ya que necesita el acuerdo de la Comisión Europea (CE) con los países miembros.
Los expertos del Colegio y la Asociación apuntan que la escalada en los precios de la electricidad ha sido provocada por la dependencia de España y Europa al gas natural, el aumento de precios que ha experimentado este recurso en los últimos meses, y el incremento de precios de los derechos de emisiones de CO2 en el mercado europeo, causado por la apuesta de la CE como parte de su apuesta en la lucha contra el cambio climático. “Estas situaciones han causado que las centrales térmicas de ciclo combinado ofertasen en el mercado mayorista eléctrico a un precio elevado para cubrir costes y obtener un margen de beneficio. Si, además, le añadimos la menor contribución de renovables eólicas por cuestiones climatológicas durante el periodo estival, da como resultado la escalada de precios que vivimos”, apunta Segarra.
La previsión en el corto plazo no es esperanzadora por lo que refiere al suministro y los precios del gas natural licuado, no sólo por la elevada demanda de Extremo Oriente, sino por los bajos niveles de reservas en España y la Unión Europea. Además, en el caso de nuestro país, es más complicado por la crónica insuficiencia de nuestras interconexiones con Francia que son de aproximadamente del 3% de la potencia instalada, lejos del 10% que requiere la UE. Jaime Segarra apunta que ante esta situación “es necesario mantener en servicio con rentabilidad razonable todas las tecnologías del parque actual, en particular la nuclear”.
Ante esta situación, los expertos de la Comisión de Energía del Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid proponen una serie de medidas adicionales a las tomadas por el Gobierno para aminorar la escalada de precios.
Medidas a corto plazo
Dedicar el incremento de recaudación por derechos de emisión de CO2 e impuestos sobre la electricidad a la reducción de las tarifas, en particular de los consumidores más vulnerables. Esta medida, de efecto inmediato, paliaría el problema sin afectar a la recaudación presupuestada en los Presupuestos Generales del Estado. El citado incremento de impuestos se estima para 2021 en más de 3.000 millones de euros.
Desarrollar la normativa para permitir a grandes consumidores industriales el acceso a los mercados del resto de la Unión Europea para sus contratos a plazo, lo que introduciría más competencia.
Reforzar el mercado secundario para que sirva de referencia al minorista y amortigüe la volatilidad en la traslación de precios al mercado minorista.
Diferir en algunos meses la traslación al mercado minorista PVPC e industrial de las variaciones de precio del mayorista sin engrosar el déficit de tarifa existente.
Revisar la tarifa de tres tramos para adaptarla al mercado PVPC y aminorar su volatilidad.
Establecer un sistema de créditos blandos o ayudas a fondo perdido que incentiven la instalación de autoconsumo doméstico, en residencias de vecinos, comunidades energéticas y polígonos industriales. Esto tendría la gran ventaja de hacer coincidir las horas de máxima generación fotovoltaica con las de precios máximos de la electricidad, con el consiguiente ahorro.
A medio y largo plazo:
Potenciar la introducción de nueva potencia renovable y almacenamiento tanto en grandes instalaciones como en generación distribuida.
Desarrollar normativa encaminada a generalizar para 2030 el acceso de los consumidores industriales a los mercados del resto de la UE para sus contratos a plazo, lo cual introduciría más competencia.
Reconociendo que no depende sólo de España, reforzar el compromiso y las actuaciones para que en 2025 se haya completado la interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Vizcaya, lo cual elevaría la interconexión con Francia a un 5% y también las de los Pirineos de modo que en 2030 se alcance el 10%.
Elaborar un calendario vinculante para extraer de la tarifa eléctrica antes de 2030, los cargos que cubren conceptos ajenos a la tarifa.
Dinamizar la firma de contratos PPA de los consumidores electrointensivos amparados en el Estatuto de los consumidores electrointensivos y reducir trabas burocráticas en el desarrollo de los nuevos proyectos renovables.
Reforma del mercado mayorista marginalista español para que responda de modo eficiente a sus características. Dicha reforma debería ser en todo caso conforme con las reglas de funcionamiento del Mercado Eléctrico Único de la Unión Europea.
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM)
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