
Para comprender la situación actual de la tarifa eléctrica es conveniente analizar e interpretar los elementos sociales, económicos y ambientales que intervienen en la reforma planteada. Desde un punto de vista económico, sin entrar en responsabilidades históricas, la nueva tarifa eléctrica pretende evitar la diferencia existente entre el coste de la generación y suministro de la energía eléctrica en España y su precio. Actualmente esta diferencia ha generado un déficit, de 20.000 millones de euros que convierte en insostenible el sistema energético español. La solución de este problema solo es posible mediante reducción de costes y/o incremento de los ingresos.
Desde el punto de vista de la reducción de costes, en el pasado Consejo de Ministros se han tomado medidas que crean nuevas fuentes de ingresos soportadas por las empresas eléctricas (como repercutir el uso de las líneas de transporte) valoradas en unos 5.000 millones de euros en los próximos tres años.
Desde el punto de vista del incremento de los ingresos se actúa sobre el coste de la energía dependiente del mercado, a la que se aplica la subida del 9,8%. Esta subida tiene como objetivo repercutir los costes de las fuentes de energía en el mercado, en el precio de la electricidad de modo que no genere déficit. Conviene destacar que el precio de la electricidad se ha encarecido en todos los mercados europeos este año en un abanico de entre un 3-7% ya que los combustibles fósiles se han encarecido alrededor del 40%.
Desde un punto de vista ambiental se promueven las energías renovables, pero teniendo en cuenta el avance en la rentabilidad económica de las mismas, con una congelación en las primas y se aplicará el decreto del carbón que permite el funcionamiento de las centrales de carbón autóctonas basado en criterios estratégicos de modular la dependencia energética exterior.
Desde un punto de vista social el sobrecoste que cubre el Decreto del carbón permite financiar la actividad minera que lo abastece con el objetivo de facilitar la adaptación progresiva a nuevas tecnologías energéticas nacionales más eficientes y rentables, preservando el empleo.
Así mismo, desde el punto de vista del consumidor de energía se ha puesto en marcha desde 2009 el Bono Social que permite congelar los precios de la tarifa a los sectores sociales más vulnerables. Pueden acogerse a este bono, que implica subida cero de la tarifa, los consumidores con una potencia contratada inferior a 3kW en su primera vivienda, los pensionistas que perciben pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares que tengan a todos sus miembros en situación de desempleo. En la actualidad se puede estimar en unos 5 millones de hogares los que podrían disfrutar de esta tarifa afectando a unos 13 millones de personas.
En resumen la subida de las tarifas eléctricas propuesta se lleva a cabo para:
1. Progresar económicamente. Controlando el déficit insostenible en el sistema español de suministro de energía eléctrica, con un reparto de costes ponderado entre las empresas suministradoras y los consumidores.
2. Progresar ambientalmente. Teniendo en cuenta las repercusiones de las decisiones energéticas en el Medio Ambiente, y
3. Progresar socialmente. Priorizando la congelación de las tarifas de los consumidores más desfavorecidos y promoviendo la minería sostenible de carbón.
Así se ejecutan medidas para el sector eléctrico que van a facilitar el progreso sostenible del mismo para beneficio de la mayoría a medio y largo plazo, por lo tanto tenemos que hacer el esfuerzo de entender los objetivos de las nuevas propuestas sobre la financiación del mercado eléctrico, en las que hay consenso internacional de que son imprescindibles para mantener la calidad de vida a medio y largo plazo.
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