05/06/2012 - Europa y sus certificados de CO2

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El comercio de certificados de CO2 fue la bandera de la política ambiental europea. Ahora, los precios están por los suelos. Países como China quieren implantar un sistema parecido

... ¿Podría ser esa la solución?

Desde 2005, el aire en la Unión Europea ha dejado de ser gratis. Quien contamine la atmósfera a causa de una fuerte producción de gases de efecto invernadero debe pagar por ello en forma de certificados de emisiones, que se cotizarán en las bolsas de energía.

En principio, según el experto en medio ambiente Stefan Krug, de Greenpease, se trata de una solución limpia. En la práctica, el precio por tonelada de CO2 se encuentra actualmente en 6,50 euros. Los planes de la UE preveían precios de unos 20 euros por tonelada. “Esto significa que la planificación general no funciona por el momento”, dice Krug.

Los precios son actualmente tan bajos que la Bolsa de Múnich suspendió desde finales de mayo el comercio con emisiones. “Los volúmenes negociados en las bolsas europeas se han reducido drásticamente casi a cero”, revela un informe de la Bolsa bávara.

Comercio de CO2 como regulador

Los certificados deberían regular las emisiones de CO2. La Unión Europea quiere reducir sus emisiones de CO2 para 2050 en un 80%, en relación con sus niveles en 1990. Para llegar a ello, creó los certificados de emisiones europeos en 2005. El principio: la industria y las plantas energéticas reciben un cierto porcentaje de derechos de emisión. Si necesitan más, deben comprar certificados para ello. Quien, por el contrario, ahorre en emisiones desarrollando una producción más respetuosa con el medio ambiente, recibirá una recompensa, y podrá vender sus procentajes de emisiones sobrantes.

No obstante, si el precio de los certificados cae, desaparece este incentivo para las empresas. En consecuencia, ya no merece la pena invertir más en energías renovables y en el desarrollo de una producción más limpia.

La caída de los precios se ha debido principalmente a asignaciones estatales a la industria, según Krug. El experto de Greenpeace afirma que la mitad de los certificados se han facilitado gratuitamente: “Esto ha llevado a la creación de una enorme montaña de certificados que se amontonan en las empresas. Con ello, el incentivo de ahorrar en CO2 es mínimo.”

Oposición en la UE

En Bruselas, la Comisaria de Medio Ambiente de la UE Connie Hedegaard anunció que presentará hasta finales de año sugerencias para una reforma del comercio de emisiones. En la UE ya se levantan voces de oposición contra un recorte de certificados para reactivar el mercado. Uno de los mayores opositores es Polonia, donde el 80% de la demanda de electricidad se suministra gracias a centrales carboeléctricas.

Así lo ven también los operadores de industrias con consumo intensivo de energía. “El comercio de derechos de emisión amenaza con conducir a una desintustrialización”, aseguró Hans Jürgen Kerkhoff, presidente de la Asociación del Comercio de Acero en Dusseldorf, en el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. Según Kerkhoff, los certificados atentan contra la competitividad de los europeos, ya que la industria europea es la única que debe pagar por sus emisiones de CO2 al ambiente.

China quiere unirse

Todo esto podría cambiar pronto. China ha anunciado que el año próximo establecerá un comercio nacional de CO2. También lo han hecho Australia, Corea del Sur, el estado norteamericano de California y la provincia canadiense Quebec. Pero sobre todo el caso de China, que hasta ahora ha accedido solo reticentemente a los límites de emisiones establecidos obligatoriamente en las cumbres climáticas, podría suponer la clave para un mercado internacional de CO2, celebran expertos. Y un mercado internacional podría promover a largo plazo las inversiones en tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Así que, para empezar, los mercados de emisiones en China, Australia, Corea del Sur, California y Quebec podrían regular más del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Las emisiones de la UE constituyen cerca del 14%.

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Autora: Helle Jeppesen / LAB

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