
El precio por kWh será el mismo por lo menos hasta el verano, ya que la próxima revisión se realizará el 1 de julio. Los clientes domésticos y pequeños comercios que pagan el consumo de la luz acogidos a la tarifa de último recurso (TUR) no verán rebajada su factura, pese a que la subasta de electricidad que determina en parte la evolución del precio registró un descenso del 9,43%. El precio por kilovatio/hora será el mismo hasta el verano, como mínimo, ya que la norma establece revisiones trimestrales y la siguiente podría llevarse a cabo el 1 de julio. El recibo de la luz ya subió para los consumidores domésticos un 9,8% a comienzos de año. Fue el mayor incremento jamás aplicado y respondió en este caso al componente energético. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, afirmó entonces que esa alza iba a ser "excepcional e irrepetible".
El Ministerio aprovechará la rebaja de la electricidad en el mercado mayorista para aumentar los denominados "peajes de acceso", un término que aglutina una serie de compromisos adquiridos, desde las primas a las renovables a la compensación del déficit de tarifa acumulado, además de los costes de las redes del transporte. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) debe dar el visto bueno final a la propuesta de congelación, pero no se esperan retoques.
La decimocuarta subasta Cesur, donde las comercializadoras compran la electricidad a las industrias generadoras, se saldó con un precio de 51,79 euros por megavatio/hora para el suministro base y con 55,13 euros por megavatio/hora para los momentos de demanda punta. Una vez aplicados una serie de ajustes, el componente del coste energético de la tarifa, que ronda el 50% del total, experimenta un descenso del 9,43%, lo que permitirá contrarrestar el alza del 10,8% en los elementos regulados.
El incremento en este segundo factor se consideraba inevitable por Industria tras la congelación que experimentó el pasado enero. La tarifa del sistema eléctrico sigue en "números rojos" desde el momento en que se reconocen una serie de costes que no se repercuten en los ingresos, mientras que una ley establece que el déficit anual no podrá superar los 3.000 millones de euros en el actual ejercicio.
Además, hay que dar señales al mercado financiero para que los inversores compren los títulos públicos que respaldan la deuda pendiente con las compañías eléctricas. Este mismo martes cerró el Tesoro la colocación de 2.000 millones de euros de déficit de tarifa -de la que los inversores ya adquirieron otros 6.000 millones- al tipo del 6,1%. La demanda fue de 2.500 millones de euros y los bonos tienen un vencimiento a 10 años.
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