
La OCU ha solicitado al Gobierno la congelación de las tarifas de acceso y de la TUR (Tarifa de Último Recurso) durante los próximos meses, dada la precaria situación económica de muchos consumidores domésticos. Esta ha sido una de las principales peticiones puestas sobre la mesa en el Seminario titulado “Incidencia del precio de la energía eléctrica en el consumidor”, organizado hoy por la OCU y en el que han intervenido representantes de la Administración, de UNESA y de la Universidad Politécnica de Madrid.
La OCU ha pedido al Ministerio de Industria la congelación de la tarifa durante los próximos meses para evitar seguir sobrecargando las maltrechas economías domésticas. La OCU considera que los incrementos anuales producidos desde el 2008, año en el que los consumidores empezaron a sufrir las consecuencias económicas de la crisis, y que suman un 35,7%, son lo suficientemente importantes como para que durante el año 2011 se mantenga sin cambios la tarifa. Del mismo modo, la OCU exige que el Gobierno mantenga la TUR en las condiciones actuales, es decir que puedan optar a esta tarifa los usuarios que tengan contratados hasta 10 KW/hasta que no se garanticen las condiciones adecuados de competencia y transparencia en el sector.
Por otro lado, la OCU ha destacado la necesidad de que se acometan las inversiones necesarias en infraestructuras para evitar futuros cortes de suministro tan importantes como el acontecido en Barcelona en 2007. En este asunto, siendo ya firme la sentencia contra Red Eléctrica de España y Endesa, la OCU comenzará en breve a realizar el llamamiento a los más de 200.000 afectados que aun no han cobrado las compensaciones para que obtengan su indemnización, lo que supondría para Endesa el desembolso de más de 40 millones de euros.
Respecto a la liberalización del mercado eléctrico, Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU, ha destacado que “los consumidores no perciben las ventajas derivadas de una supuesta liberalización que no ha traído ni precios más bajos ni mejor calidad en el servicio. Además, en el último año las reclamaciones en materia de energía se han incrementado en un 150%. La liberalización energética debe traducirse en precios más competitivos y en contratos claros y sencillos sin cláusulas desequilibradas.”
Por su parte, Javier García, responsable de Energía de la OCU, señaló que “cada vez más los consumidores están preocupados por alcanzar un equilibrio entre un nivel de comodidad razonable y un consumo de energía más sostenible. Quieren consumir energía de manera respetuosa con el medio ambiente y esto no sólo implica fuentes de abastecimiento limpias y el uso de renovables, sino políticas de eficiencia energética y ahorro en los hogares”.
Conclusiones y demandas
Tras el Seminario, se han presentado las siguientes conclusiones y demandas en el ámbito del sector eléctrico:
Garantía del suministro de energía de modo continuo y a un precio asequible para todos los consumidores
Que el Gobierno plantee mayores exigencias en materia de inversión en infraestructuras de generación, transporte y distribución para evitar interrupciones, programadas o no, del suministro eléctrico
Sistemas de compensación automáticos y sencillos para los clientes, que compensen debidamente los daños sufridos por apagones
Un auténtico mercado europeo de la electricidad, realmente interconectado, para disminuir nuestra dependencia respecto de los grandes productores mundiales de petróleo y gas natural y mitigar los riesgos de falta de abastecimiento
Que las inversiones se hagan preferentemente en fuentes de energía renovables y limpias y que la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares actuales quede supeditada al cumplimiento de las más estrictas condiciones de seguridad, tanto desde el punto de vista ambiental como de la salud de la población
Una acción coordinada de las administraciones, los reguladores sectoriales y las autoridades de competencia para conseguir una verdadera competencia que beneficie a los consumidores en términos de precio y calidad del servicio.
En línea con lo anterior, toda integración vertical de las empresas del sector, que signifique conflictos de intereses y limite la competencia, debe ser prohibida.
Tarifas compresibles, comparables y comprobables por el consumidor.
Homogeneizar las facturas con independencia del comercializador contratado.
Que el Gobierno mantenga la TUR en las condiciones actuales.
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